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Mesas de Trabajo

Atendiendo las solicitudes de empresas afiliadas al Gremio, Camacol Valle ha puesto en marcha varias Mesas de Trabajo con entidades y dependencias del sector público, con el objetivo de optimizar los procesos en los cuales los constructores presentan algún tipo de inconveniente. Estas mesas de trabajo, han permitido generar una articulación donde el sector constructor ha participado en propuestas de mejora, aportando desde su experiencia, conocimientos y visión del tema abordado.

Camacol Valle lidera desde 2015 una Mesa de Trabajo con la CVC cuyo objetivo ha sido lograr acuerdos frente a los términos empleados en los trámites y los requerimientos exigidos a las empresas del sector constructor por parte de esa Corporación. Este proceso se ha surtido con el acompañamiento de un abogado experto en trámites de permisos ambientales ante Corporaciones Autónomas.

En 2015 se hizo un análisis detallado de 28 casos relacionados por empresas afiliadas que presentaban trámites fuera de ley y con inconvenientes en los plazos y tiempos de respuesta.

Este análisis se presentó a la CVC  y se acordó continuar realizando un trabajo conjunto, con el fin de que la Corporación estandarice los procedimientos y requisitos para permisos ambientales mediante un acto administrativo unificado. Posteriormente se publicará una Guía Práctica de estos trámites para ser difundida en el Gremio.

Desde 2014 Camacol Valle ha realizado diversas reuniones con Emcali y las empresas afiliadas al gremio, con el objetivo de detectar, analizar y concertar sobre los principales inconvenientes que tienen las constructoras con la empresa de servicios públicos en Santiago de Cali. En enero de 2016, se retomaron las reuniones tras la llegada de la nueva Gerente, Cristina Arango, con la finalidad de buscar soluciones a las inversiones necesarias para la ciudad en materia de servicios públicos. Por un lado, la mesa técnica viene desarrollando dos temas fundamentales: Manejo de aguas subterráneas y el manejo de aguas lluvias. Mientras que la Mesa General, lidera los temas de inversión y ajuste de las inversiones para atender lo estipulado en el Plan de Ordenamiento Territorial de Cali -Acuerdo 373 de 2014.

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Noticia noviembre 2016: Emcali y los recursos para invertir en Infraestructura de Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado en Cali

El pasado mes de junio, la Gerente de Emcali, Cristina Arango anunció a la ciudadanía la renegociación del Conpes 3750 del 2013 por el nuevo Conpes 3858 de 2016. Ambos documentos son estratégicos de entender, pues contemplan los recursos que se invertirán en materia de acueducto y alcantarillado para la ciudad de Cali en los próximos años. Con la toma de posesión de Emcali del año 2000, por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, debido a situaciones administrativas que generaron una crisis financiera e institucional como el incumplimiento del pago de las obligaciones mercantiles con proveedores de energía e incumplimiento de obligaciones con entidades financieras y contratistas en general, la Nación, como garante,  asumió el pago de la deuda externa para hacer inversiones, contratada con varios bancos, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo – BID y el Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC). En 2009 el Gobierno Nacional firmó con Emcali un Acuerdo de Pago donde se reconoce la obligación a favor de la Nación y se determina la forma de pago de dichos recursos. El municipio de Cali y la empresa, se comprometieron a apoyar el proceso de fortalecimiento financiero e institucional de la entidad y se acuerda que los recursos que adeuda esta empresa a la Nación, se invertirían en la infraestructura de los servicios públicos domiciliarios prestados en la ciudad. El plan de inversiones propuesto para los servicios de acueducto y alcantarillado fue de $1,6 billones (pesos constantes de 2013). De dicho valor, el aporte de la Nación correspondía a la amortización del capital de la deuda que EMCALI realizaría durante el periodo de 10 años, comprendido entre 2016 y 2025 en 40 abonos trimestrales (CONPES 3750 de 2013). Nuevo CONPES 3858 de 2016 Este año, ante le necesidad de girar importantes recursos de la caja de Emcali a la Nación para el pago de la deuda, se modifica el Conpes 3750 en cuanto ajusta el plan de inversiones, surgiendo el Conpes 3858 de 2016 “Apoyo financiero al Plan de Inversiones en Infraestructura para fortalecer la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el Municipio de Santiago de Cali”. Este documento se constituye en la hoja de ruta de las inversiones que realizará la empresa de servicios públicos de la ciudad, ya que los recursos girados, serán devueltos a través de proyectos que se presenten ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Nuevo Esquema Tarifario Lo que no muchos conocen es que el pasado mes de julio, todas las empresas prestadoras de servicios públicos con más de 5.000 suscriptores, debían presentar un nuevo esquema tarifario según metodología contenida en la Resolución CRA N° 688 de 2014 modificada, adicionada y aclarada por la Resolución CRA N° 735 de 2015. Las tarifas resultantes de esta metodología, comenzaron a regir a partir del 1 de julio de 2016. De acuerdo con la establecido en la Resolución CRA N° 688 , para los servicios de acueducto y alcantarillado los prestadores debían definir de manera obligatoria el Área de Prestación del Servicio (APS), que corresponde a las áreas geográficas del municipio en las que el prestador los proporcionaría. Lo usual es que ésta se establezca en concordancia con los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado. Dicha definición era la delimitación exacta de las áreas en las cuales se prestarán los citados servicios públicos y dentro de las cuales los prestadores se comprometen a cumplir los estándares de servicio establecidos, así como a expedir la certificación de viabilidad y disponibilidad de acuerdo con el Decreto 1077 de 2015. Al revisar el área de prestación de servicios presentada por Emcali para la ciudad, no se contempla en ella el área de expansión de la ciudad lo que indica que ésta no fue incluida para las inversiones en el esquema tarifario actual. Así las cosas, la inversión futura para la expansión de redes de acueducto y alcantarillado, vendrá del Conpes 3858 de 2016.

Noticia mayo 2016: La compleja situación de los constructores de Cali frente a los Servicios Públicos de la ciudad

Cuantificar el monto de la inversión requerida por parte de EMCALI para los próximos años de acuerdo con el POT adoptado en 2014, es una necesidad prioritaria en materia de planificación que el Gremio ha expuesto a la Gerente Cristina Arango.

Hoy en día se realizan exigencias por fuera de las leyes que regulan la prestación de los servicios públicos domiciliarios, a los constructores y urbanizadores, para la financiación y ejecución de redes matrices y redes de distribución en terrenos urbanos y de expansión urbana.

Conozca a continuación en qué consiste esta problemática:

  1. Solicitudes de disponibilidades de servicios públicos para proyectos de construcción, condicionadas a ejecución de obras en suelo urbano.

EMCALI viene adelantando una serie de exigencias a constructores y urbanizadores, relacionadas con la ejecución de obras de redes matrices, con el propósito de acceder a las viabilidades y disponibilidades, e incluso a la conexión al servicio, con el agravante que dichas exigencias se realizan estando en suelo urbano, las cuales no le son retribuidas a los constructores y urbanizadores que las realizaron. Camacol Valle encuentra inexplicable, a la luz de la normativa vigente, el hecho que en sectores consolidados (esto es al interior del perímetro urbano de la ciudad), no se cuente con la infraestructura suficiente para la prestación efectiva del servicio, cuando se pretenden desarrollar proyectos que se ajustan al ordenamiento jurídico, según los parámetros establecidos por las autoridades competentes para la planeación del territorio a través del POT.

Tal es el caso de las exigencias relacionadas con las descargas provenientes de sótanos y semisótanos al sistema de drenaje que opera EMCALI ya que el  constructor o urbanizador termina siendo responsable de financiar, administrar y ejecutar una solución individual que responda a la falta de capacidad del sistema de alcantarillado administrado por la empresa de servicios públicos para absorber la totalidad de las aguas lluvias de diferentes sectores de la ciudad, obligando al privado a incurrir en sobrecostos considerables en el diseño estructural de las edificaciones. Lo anterior pone en cabeza del constructor y/o urbanizador, una carga que no se encuentra en obligación de asumir, pues se trata de un deber de la empresa de servicios públicos, acudir a la prestación del servicio de alcantarillado en el casco urbano con suficiencia en sus recursos.

  1. Constitución de Fideicomisos por los privados a favor de EMCALI

Entre los requisitos exigidos por la empresa para la habilitación de suelo de expansión urbana mediante planes parciales, se encuentra la constitución de fideicomisos en los cuales los desarrolladores de proyectos y EMCALI realizan inversiones en infraestructura matriz para viabilizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, para permitir a los aportantes privados, obtener la disponibilidad del servicio para sus proyectos constructivos.

Cuando un Municipio clasifica un suelo de expansión urbana, se compromete con acciones tendientes a su habilitación, dentro de las que se encuentra el desarrollo de las redes matrices de infraestructura de servicios públicos. Al respecto, Camacol Valle propone bajo lo que la Norma Nacional faculta, las inversiones necesarias por parte de EMCALI para la totalidad de las hectáreas o en su defecto, adelantar convenios (fideicomisos u otras figuras) de los constructores con EMCALI, con el fin de pactar y garantizar que los recursos colocados por los desarrolladores en redes matrices u otro tipo de infraestructura de competencia de la empresa de servicios públicos, les sea retribuida en un 100%.

  1. Conpes 3750

El documento que habla sobre la devolución del billón de pesos por parte del Gobierno Nacional al municipio realiza las siguientes precisiones sobre la destinación de la inversión:

Acueducto: El 52% del plan de inversiones se concentra en proyectos del sistema de acueducto. A partir de 2016 se incluye la ejecución de inversiones con cargo a recursos de la Nación, la cual financia principalmente el programa de expansión de redes.

De forma más específica, se establece uno de los programas en los cuales se van a orientar las inversiones en acueducto:

“Programa de Expansión del Sistema de Acueducto. Expansión conducciones, matrices y redes de distribución: Teniendo en cuenta el desarrollo que presenta la ciudad hacia el sur, se requieren inversiones en infraestructura de agua que posibilite el desarrollo urbanístico. El Plan de Inversiones contempla la instalación de redes de distribución, conducción y matrices en las zonas de expansión conocidas como Corredor Cali-Jamundí (824 Ha) y Régimen Diferido de Navarro (500Ha)”

A su vez en la página 18 del documento se establece uno de los tres programas principales en los cuales se va a orientar la inversión en alcantarillado, así:

“Programa de optimización y expansión de Redes. Se encuentran contempladas inversiones en la optimización de las redes de drenaje sanitario en varios sectores de la Ciudad, contemplando nuevas tecnologías en materiales y modificación de las cotas de entrega, así como la construcción de escrituras de separación que permitan conducir las aguas residuales hacia los colectores, evitando las descargas actuales a los canales. Adicionalmente, teniendo en cuenta las intervenciones que se realizarán en materia de agua potable en las Zonas de expansión de los Sectores Corredor Cali – Jamundí y Navarro, se contemplan inversiones en la construcción de sus redes de alcantarillado.”

Considerando lo anterior, es fundamental que los recursos provenientes de la devolución del billón de pesos por parte de la nación, sean invertidos de acuerdo con las directrices del documento en mención.

Desde la publicación del Primer Borrador del proyecto de Ajuste y revisión del POT socializado por la Administración Municipal de Cali en el II Semestre de 2013, el Gremio tomó la bandera para ejercer el liderazgo en la discusión del Instrumento de Planificación más importante de las ciudades y de acuerdo con lo contemplado en la Ley 388 de 1997, ejerció su derecho de hacer parte de la consulta democrática emitiendo sus recomendaciones de la mano de un grupo de profesionales expertos en Derecho Urbano y Normativa.

Noticias relacionadas: Noticia Mayo de 2015: POT de Cali: ¿En qué estamos? Camacol Valle solicitó a Planeación Municipal de Cali, la Revocación directa del punto 52 de la Circular aclaratoria del POT de Cali No 4132.2.22.1.1019.007128 del 8 de septiembre de 2015 Planeación sostiene en dicha Circular que todos los predios urbanizables no urbanizados, independientemente de su área y su tratamiento, deben cumplir las normas del Tratamiento Urbanístico de Desarrollo referentes a las cargas urbanísticas de cesión para espacio público, equipamientos colectivos y porcentaje de suelo para VIP, bajo el entendido que “no sólo se urbaniza en tratamiento urbanístico de Desarrollo, sino que se puede llevar a cabo la acción de urbanizar en otros”. El gremio disiente de esa interpretación jurídica por las razones que se enuncian a continuación:

  • El ámbito de aplicación del Tratamiento Urbanístico de Desarrollo se encuentra claramente delimitado en el artículo 324 del POT, por lo que no existe vacío o contradicción normativa que le otorgue competencia al Departamento Administrativo de Planeación Municipal para interpretar esa norma urbanística, como lo hizo en el punto 52 de la Circular aclaratoria No. 4132.2.22.1.1019.007128 del ocho (8) de septiembre de 2015, aunque el contenido de ésta se describa como simples aclaraciones respecto a la correcta expresión de algunas referencias de artículos, parágrafos, mapas, anexos y frases.

Por lo tanto, afirmar mediante circular que todos los predios urbanizables no urbanizados, independientemente de su área y su tratamiento, deben cumplir las normas del Tratamiento Urbanístico de Desarrollo referentes a cargas urbanísticas, significa ni más ni menos que el Departamento Administrativo de Planeación Municipal se está apartando del Acuerdo 0373 de 2014 en su artículo 324, que goza de presunción de legalidad y por tanto resulta de obligatorio cumplimiento por parte de la ciudadanía y de la misma administración municipal.

  • El artículo 2.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio” indica que la actuación de urbanización se entiende como el conjunto de acciones encaminadas a adecuar un predio o conjunto de predios sin urbanizar para dotarlos de servicios públicos, vías locales, equipamientos y espacio público necesarios para su construcción, y que puede ser desarrollada únicamente en los predios regulados por los tratamientos urbanísticos de desarrollo y de renovación urbana en la modalidad de redesarrollo.

El mismo artículo define como predio urbanizable no urbanizado aquel que no ha sido desarrollado y en el cual se permite la actuación de urbanización, es decir, que se encuentre localizado en tratamiento de desarrollo o de renovación urbana en la modalidad de redesarrollo según el artículo 2.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015, y considera como predio urbanizado al que se encuentre en sectores antiguos de las ciudades, que con fundamento en planos de loteo, urbanísticos, topográficos y/o de licencias de construcción deslindaron los espacios públicos y privados y actualmente cuentan con infraestructura vial y de prestación de servicios públicos que posibilita su desarrollo por construcción. Por lo tanto, la interpretación adoptada por Planeación Municipal en el punto 52 de la Circular aclaratoria No. 4132.2.22.1.1019.007128 del ocho (8) de septiembre de 2015 desconoce la norma nacional que regula la actuación de urbanización, por cuanto obliga a que los predios incluidos en tratamientos diferentes al de desarrollo y renovación urbana en la modalidad de redesarrollo deban someterse a las normas relativas a cargas urbanísticas propias de la actuación de urbanización. Adicionalmente, se omite lo dispuesto frente a los sectores antiguos de la ciudad que deben entenderse como predios urbanizados cuando demuestren con planos de loteo, urbanísticos, topográficos y/o de licencias de construcción que deslindaron los espacios públicos y privados, y actualmente cuenten con infraestructura vial y de prestación de servicios públicos que posibilita su desarrollo por construcción.

Desde 2012 Camacol Valle conformó la mesa de trabajo con el DAGMA con el objetivo de estandarizar trámites y procedimientos que deben surtir los constructores con esa dependencia. Como resultado de ese trabajo, el DAGMA emitió la Resolución 680 de Octubre de 2012.

Noticias relacionadas:  Noticia diciembre de 2016: DAGMA negó solicitud de Revocatoria de resoluciones 1051 y 1055 interpuesta por Camacol Valle El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA respondió el pasado 19 de julio de 2016, negando la petición realizada por el gremio. La Revocación fue interpuesta por Camacol Valle teniendo en cuenta:

  • Adopción de la Guía para el acotamiento de las rondas hídricas: Yerro en la motivación invocada, pues hasta este momento el Gobierno Nacional NO ha definido los criterios para la delimitación de las rondas hídricas.
  • Franja de protección para ríos y quebradas: No hace uso de parámetro técnico alguno para delimitar las rondas hídricas de ríos y quebradas.
  • Delimitación de las rondas de protección de las acequias: Esta decisión carece de asidero jurídico, pues a diferencia de los ecosistemas naturales, el ordenamiento vigente en materia ambiental no contiene ninguna disposición mediante la cual se exija una ronda de protección para cuerpos hídricos artificiales, como lo son las acequias.
  • Exigencia del Concepto Ambiental de Obra. Estas disposiciones conllevan la vulneración de varios preceptos de rango constitucional. Art. 84 C. P. Exigencia adicional para que el titular de una licencia urbanística pueda ejecutar el derecho que se le ha conferido mediante este tipo de actos.
  • Plan de las medidas de manejo integral: Es importante resaltar que los proyectos de construcción a los que le imponen este requerimiento NO son objeto de licencia ambiental.
  • Gestión del riesgo: Esta exigencia constituye un paso adicional en un asunto que fue desarrollado integralmente en un ordenamiento especial sobre la materia.
  • Afloramiento de aguas subterráneas: Se establecen exigencias que superan las consagradas en el régimen normativo nacional de este instrumento. Genera un alto riesgo de subjetividad
  • Exigencia de instrumentos de control y manejo ambiental para todo proceso constructivo. La redacción parece dar entender que no se puede ejecutar ningún proyecto constructivo sin previamente solicitar los instrumentos de control y manejo ambiental, lo cual constituiría un despropósito, ya que el interesado solo debería iniciar este tipo de trámites cuando su iniciativa conlleve la utilización y aprovechamiento de los recursos naturales.
  • Registro de constructores: Esta constituye una exigencia exagerada y sin ningún soporte legal, que los interesados no tendrían el deber de asumir.

En la negativa, el DAGMA argumenta que:

  • La finalidad de los actos administrativos mencionados, no ha sido otra que lograr que las personas naturales o jurídicas que realizan actividades de construcción, de manera previa y antes de iniciar sus diferentes intervenciones, consulten a la autoridad ambiental, así como lo hacen en la Curaduría, para conocer ampliamente cuáles son sus permisos, autorizaciones y /o conceptos ambientales, que aplican para su proyecto u obra de acuerdo con los determinantes ambientales del entorno, con el fin que el desarrollo constructivo cumpla con las normas ambientales y se minimicen las afectaciones al entorno y a la comunidad, evitando de esta manera el deterioro del medio ambiente y de los recursos naturales renovables.
  • De ningún modo el DAGMA, está imponiendo exigencias que puedan ser desbordadas o que estén por fuera del ordenamiento jurídico, aclarando que dentro de sus facultades discrecionales como ente público, está la de proferir Actos Administrativos cuya esencia sea el mejoramiento del servicio principio fundamental de la función pública.
  • La resolución 1055 del 28 de diciembre de 2016, no se creó como un trámite que tienen que agotar las constructoras de proyectos de obra. No es una exigencia o requisito adicional. Se trata simplemente de un instrumento de verificación, que nos permite estandarizar y sistematizar el conjunto formal de toda la información, que se recepcione para el manejo, control y seguimiento ambiental, como complemento que consolida las diferentes acciones en el territorio, en el uso de los recursos naturales renovables para evitar posibles impactos ambientales, debido a que fortalece todos los permisos, autorizaciones, concesiones y conceptos otorgados a los proyectos constructivos, garantizando de esta manera que se causen las mínimas afectaciones al entorno, y se protejan las cuencas hídricas. Que así mismo, lo es la resolución 1051 del 24 de diciembre de 2015, que no es más que un ejercicio dentro de la mera propuesta en el que se desarrolla parcialmente la normatividad de carácter específico.
  • El fin perseguido mediante los actos administrativos objeto del presente recurso, no es otro que lograr que las constructoras hagan buen uso del suelo y subsuelo y evitar de este modo que se causen más impactos al medio ambiente, que son causa de muchas quejas por parte de la ciudadanía. El hecho de no solicitar dichos conceptos, no es objeto de sanción, sin embargo el incumplimiento de los diferentes permisos, autorizaciones, concesiones, y demás trámites que apliquen desde el marco legal ambiental, y en general el desconocimiento de los determinantes ambientales si generara la aplicación de las disposiciones de la Ley 1333 de 2009.

Camacol Valle continuará trabajando de manera conjunta con los afiliados, para evaluar posibles acciones jurídicas a emprender. Noticia Mayo de 2016: Revocación Directa para Resoluciones del DAGMA Camacol Valle radicó ante el DAGMA, la solicitud de Revocación Directa de las Resoluciones 1051 y 1055 del 24 y 28 de diciembre de 2015. Dicha solicitud fue realizada por el Gremio al encontrar que varias de las determinaciones allí consignadas para nuestro sector, se encuentran por fuera de las Normas Nacionales. Estos son algunos ejemplos:

  • Delimitación de las rondas de protección de las acequias (artificiales): 

Colocar una dimensión de 10 metros como franja de protección a lado y lado de estos cuerpos hídricos  carece de asidero jurídico, pues a diferencia de los ecosistemas naturales, el ordenamiento vigente en materia ambiental no contiene ninguna disposición mediante la cual se exija una ronda de protección para cuerpos hídricos artificiales, como lo son las acequias.De conformidad con el contenido de este precepto, es evidente que esta disposición no exige la definición de una ronda de protección, sino la preservación de las coberturas vegetales existentes a lado y lado de las acequias, “en una franja igual a dos veces al ancho de la acequia”obligación que no conlleva, ni mucho menos, las consecuencias y rigor técnico que demandan el establecimiento de una ronda hídrica.Si esta, por ejemplo, tiene un ancho de dos (2) metros, se debe mantener la cobertura boscosa dentro de los cuatro (4) metros a lado y lado del canal. Aumentar la exigencia en relación con áreas mayores, conlleva generar una afectación del derecho de propiedad que no tienen ningún respaldo normativo.

  • Elaboración de estudios técnicos para la definición de las rondas por parte de particulares: El Estado no puede transferir a los particulares, la carga de elaborar estudios encaminados a definir las rondas de protección de los cuerpos hídricos, pues se trata de una obligación  que la ley le ha conferido. Al respecto, desde la expedición del Decreto 1541 de 1978, hoy compilado en el Decreto 1076 de 2015, es claro que la delimitación de las rondas paralelas al cauce de los cuerpos hídricos, es una tarea a cargo de las autoridades ambientales competentes, y no de los particulares, obligación que se encuentra reproducida, además, en el artículo 17 del Decreto 1504 de 1998.

De conformidad con lo anterior, los particulares no tienen porqué suplir las deficiencias de las autoridades ambientales en el cumplimiento de esta obligación, pues se trata de aspectos que solo éstas tienen el deber de asumir, y que lo deben hacer a partir de un análisis técnico integral de los ecosistemas en su conjunto.

  • Exigencia del concepto ambiental de obra.La exigencia de este requisito, conlleva la vulneración de varios preceptos de rango constitucional, legal y reglamentario:

El artículo 84 de la Constitución Política establece que “cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio”. Los requerimientos establecidos por el DAGMA en relación con este tema, sin embargo, se traducen en una exigencia adicional para que el titular de una licencia urbanística pueda ejecutar el derecho que se le ha conferido mediante este tipo de actos. No debe perderse de vista que en estos casos los interesados ejecutan unas actuaciones autorizadas por las autoridades competentes, y conforme a la especifica autorización de la licencia urbanística. La expedición del POT conllevó un análisis sobre la pertinencia de realizar las actividades constructivas en sectores concretos del territorio, para lo cual se parte de unos presupuestos ambientales que ya fueron considerados en el proceso de ordenamiento del territorio, principalmente durante el proceso de concertación de los asuntos ambientales que precedió la expedición del POT. Bajo esos presupuestos, el DAGMA termina imponiendo las exigencias propias de proyectos, obras o actividades de gran impacto, -que deben ser objeto de licenciamiento ambiental y de los planes de manejo respectivos-, a iniciativas de construcción que tienen una menor escala y que por ende fueron exentos de dichos condicionamientos en el ordenamiento vigente.  

  • Plan de las medidas de manejo integral.Este precepto vulnera lo dispuesto en el artículo 2.2.2.3.2.1 del Decreto 1076 de 2015, que establece que estarán sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y actividades que se enumeran en los artículos 8° y 9° del presente decreto. Las autoridades ambientales no podrán establecer o imponer planes de manejo ambiental para proyectos diferentes a los establecidos en el presente decreto o como resultado de la aplicación del régimen de transición (Decreto 2041 de 2014, artículo 7º)” (el sector de la construcción no está contemplado en este tipo de actividades).
  • Exigencia de instrumentos de control y manejo ambiental para todo proceso constructivo: “ARTÍCULO CUARTO de la Resolución: A partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, los proyectos de construcción y urbanización deberán tramitar sus permisos, concesiones, autorizaciones y de más instrumentos de control y manejo ambiental, previo al desarrollo constructivo”.   La redacción de este artículo parece dar entender que no se puede ejecutar ningún proyecto constructivo sin previamente solicitar los instrumentos de control y manejo ambiental, lo cual constituiría un despropósito, ya que el interesado solo debería iniciar este tipo de trámites cuando su iniciativa conlleve la utilización y aprovechamiento de los recursos naturales.
  • Registro de constructores.El artículo 9º de la Resolución 1055 del 28 de diciembre de 2015 señala: “ARTÍCULO NOVENO.- La persona natural o jurídica que vaya a desarrollar proyectos urbanísticos en zona urbana del municipio de Santiago de Cali, deberá registrar en la web en la página institucional de Alcaldía de Santiago de Calicali.gov.co/DAGMA en Línea, la información que contenga los datos generales del constructor y los datos generales del proyecto”.  Esta constituye una exigencia exagerada y sin ningún soporte legal, que los interesados no tendrían el deber de asumir.

El Gremio de la construcción y la Secretaría de Vivienda Municipal vienen adelantando mesas de trabajo sobre la Reglamentación del 20% para Vivienda de Interés Prioritario que se establece en la Ley 1537 de 2012 y que fue reglamentada en el Decreto 075 de 2013. Se espera tener el Acto Administrativo que lo reglamente en la ciudad de Cali, en el segundo semestre de 2016.

Camacol Valle instaló en julio de 2016, con las empresas afiliadas que desarrollan proyectos inmobiliarios en este municipio, la Mesa de Trabajo de Jamundí que tiene como principal objetivo, generar acciones y estrategias sobre las cuales se lidere un desarrollo urbano responsable y sostenible, enmarcado dentro del programa ‘Ciudades de Calidad’

La segunda Mesa, realizada en el mes de agosto, contó con la participación del Alcalde de Jamundí, Manuel Santos Carrillo, y la Secretaria de Planeación, Alexandra Aponte. Dentro de los compromisos generados se encuentran:

  • Trabajar sobre la modificación del PBOT del municipio.
  • Trabajar conjuntamente con las entidades prestadoras de servicios públicos para la habilitación de suelo.
  • Establecer un cronograma de capacitaciones sobre dos frentes: un Gran Foro Jamundí y Cátedra de Ciudad, para iniciar en noviembre.
  • Fortalecimiento institucional para estandarizar trámites y licencias en Jamundí.

Submesa de trámites Jamundí: 

El 28 de Septiembre de 2016, se convocó a los constructores que adelantan desarrollos en  Jamundí, con el fin de dar  inicio a la mesa de trámites de sector en el municipio, la cual tiene como objetivo estructurar el mapa de tramites y revisar estos procesos bajo los parámetros estipulados en la normativa nacional vigente  y su respectivo registro en el sistema único de información de trámites de función pública.

Desde abril de 2016, Camacol Valle convocó  a sus afiliados, con el fin de construir el mapa de trámites y los requerimientos exigidos al sector constructor por cada una de las dependencias municipales.

A partir de esta labor, se conformó con el Municipio de Santiago de Cali, en cabeza de la Secretaría General, la mesa de trabajo de trámites del sector, que tuvo por objetivo evaluar los requerimientos que la administración está exigiendo al sector, estableciendo como parámetro de revisión los lineamientos normativos nacionales vigentes y su respectivo registro en el SUIT – Sistema Único de Información de Tramites de función pública.

Posteriormente se realizaron mesa de trabajo por dependencias, en las que se evaluaron los trámites concernientes al DAGMA y Hacienda Municipal.

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