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La póliza de vivienda segura será obligatoria desde el 2021

Fuente: Portafolio 26/02/2019

Con el objetivo que de prevenir casos como el del edifico Space en Medellín, el Gobierno expidió el decreto Amparos de la Ley de Vivienda Segura, que obliga a los constructores y vendedores a responderles, por un período de 10 años, a los colombianos que adquieran una vivienda nueva en el eventual caso que la edificación presente fallas estructurales, amenace ruina o colapso.

Para la presidenta ejecutiva de Camacol, Sandra Forero Ramírez, “estas nuevas medidas se suman al extenso y completo marco regulatorio que tiene el sector y que garantizan la calidad de las edificaciones, en ese sentido deben convertirse en una nueva fuente adicional de confianza para los compradores de vivienda nueva. Desde el sector, esto reafirma el compromiso de los constructores formales por respaldar las inversiones de los hogares del país”.

Luego de expedido el decreto 282 de 2019, que contiene la definición y alcance de los instrumentos financieros de resarcimiento, será la Superintendencia Financiera de Colombia la institución encargada de la reglamentación secundaria para establecer las disposiciones puntuales y sentar las condiciones de operación de dichos instrumentos en el mercado.

Estas nuevas medidas tendrán impacto en los costos de producción y comercialización de vivienda nueva en el país.

“Lo más importante es que se reconozca el efecto sobre los costos para la construcción formal de vivienda, y así la tarea de todos los actores y del Gobierno Nacional será minimizar ese impacto a través de definir condiciones óptimas para que se garantice el acceso, disponibilidad y asequibilidad de estos instrumentos para los proyectos de construcción y los hogares compradores”, precisó Forero.

Por su parte, Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, señaló que “con este decreto se completa el paquete de medidas dispuestas en la Ley de Vivienda Segura o Ley Anti Space, que están vigentes y que garantizan mayor control de las licencias urbanísticas, mejores materiales de construcción y mayor control en el momento de iniciar un proyecto”.

“En este periodo de ajuste la industria de la construcción y la industria de seguros tienen que desarrollar interlocuciones muy eficientes, para que, en efecto, si los constructores adoptan este mecanismo, lo hagan en bien suyo, en bien de sus proyectos y en bien fundamentalmente de quienes van a adquirir esas viviendas”, indicó por su parte el presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero.

 

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