Colombia ha sido un verdadero ejemplo en el desarrollo de instrumentos de política pública para superar grandes cuellos de botella en el acceso a la vivienda formal. Luego de tres décadas de aprendizajes en la construcción de una política consistente con las realidades de las ciudades, la población y el desarrollo inmobiliario, hoy se puede contar una historia de éxito sobre la vivienda social en el país.
Hoy, siete de cada 10 viviendas nuevas que se producen en Colombia son Viviendas de Interés Social y Prioritario; existen 552 empresas desarrollando proyectos VIS de las cuales 521 son empresas medianas y pequeñas, se desembolsan subsidios en más de 300 municipios en los que reside 80% de la población, los hogares confían en la vivienda formal e invierten 2,5 puntos porcentuales del PIB en nuevas viviendas sociales cada año, y con esa actividad productiva se ocupan más de un millón de personas de manera directa e indirecta en la construcción de VIS.
Las fallas en el acceso y la promoción de la vivienda social que se han logrado corregir a lo largo de las últimas décadas se han soportado en principios socialmente efectivos y fiscalmente eficientes. En primer lugar, ante la carencia de ahorro y recursos propios de los hogares de menores ingresos se ha logrado profundizar el modelo de ventas sobre planos y el otorgamiento, por parte del Estado y de las Cajas de Compensación Familiar, de subsidios directos a la cuota inicial para los hogares de menores ingresos.
En segunda instancia y ante la dificultad para acceder al crédito, se han desarrollado y puesto en marcha coberturas de tasa de interés y garantías crediticias para la financiación de largo plazo de la vivienda, instrumentos con los cuales se ha duplicado la profundización hipotecaria y la competencia por acceder a ese nuevo mercado ha generado tasas históricamente bajas.
En tercer lugar, el país cuenta con un modelo ejemplar de transparencia y eficacia operativa para la administración, asignación y pago efectivo de los subsidios, en el que el 100 por ciento de los recursos se traducen en hogares beneficiarios y viviendas construidas; lejos de estar en riesgo de ineficientes prácticas como cartas cheques sin beneficiarios y proyectos siniestrados. En cuarto lugar, se regularon los precios de venta de la vivienda social, mediante la definición de topes para la VIS y VIP que garantizan el cierre financiero de hogares menos de cuatro salarios mínimos de ingreso mensual, incluyendo instrumentos tributarios que hacen factible el desarrollo de los proyectos a esos precios.
Con todo lo anterior la tarea no está terminada y se debe seguir complementando sobre la base de lo que ha funcionado bien y sigue funcionando bien. Debemos llegar a más regiones y municipios, y desde el tejido empresarial del sector estamos listos para hacerlo.
También debemos lograr que hogares de un salario mínimo de ingreso mensual puedan acceder a la vivienda formal, y para eso una política de arrendamiento social como paso previo a la propiedad puede ser el camino para bancarizar y generar el ahorro necesario. También debemos fortalecer los programas de mejoramiento individual y colectivo de la vivienda para que las zonas construidas mejoren su estándar urbanístico y eliminemos el déficit cualitativo. En fin, hay propuestas y acciones por seguir desarrollando, con el propósito único de país en el que si construimos más vivienda, generamos más desarrollo.
Fuente: www.larepublica.co
