Los precios siguen subiendo mes a mes sin que nada funcione para frenar esta tendencia que afecta a las familias de menores ingresos, debe haber un plan de choque con seguimiento serio.

La inflación va rumbo a superar 14% sin que nada ni nadie la detenga. La Constitución colombiana le puso la tarea al Banco de la República de mantener el poder adquisitivo del peso, pero solo dispone en su arsenal el poder de ajustar las tasas de interés y esa medicina no le ha funcionado.

En noviembre de 2021 empezaron a subir el costo del dinero con el objetivo de morigerar la escalada de los precios, alcanzado a la fecha, 12,75%, sin que nada ocurra, con el efecto colateral que la financiación a las empresas y familias se encarezca inevitablemente. Un costo de vida de 13,25%, más una tasa al sistema financiero de 12,75%, que se transfiere al consumidor en usura de 45%, son variables venenosas de un cocktail que bebe la economía colombiana día a día y que explica el porqué del crecimiento del PIB proyectado para este año no supera 2%.

Si bien la raíz del elevado costo de vida se encuentra en las externalidades derivadas de la pandemia que azotó la economía mundial en 2020, más la invasión de Rusia sobre Ucrania en 2022, hay muchas situaciones en el contexto nacional a las que se les pueden culpar.

La primera es el costo de los servicios públicos, que desde la explosión inflacionaria, se mantiene por encima de 25%. En la factura de agua, energía, alcantarillado, aseo y gas, lo que más pesa inexplicablemente es la energía que cobran las empresas generadoras (Enel, EPM, Celsia, entre otras) a las compañías y las familias.

Inexplicable porque su industria es solo moler agua, una actividad barata en medio de 30 meses de lluvias; además que todo consumidor paga dentro de la factura de servicios, el llamado cargo por confiablidad, con el fin de financiar su operación constante. Ni la pandemia ni la guerra en Ucrania justifican que estas empresas generadoras eleven el costo de vida sin que las autoridades de vigilancia y control les pongan el freno a su proceder e investiguen si el uso y el ahorro de agua se está haciendo en condiciones adecuadas.

En manos de las superintendencias del ramo está investigar esta situación y obligar a que el costo del kilovatio hora no desangre a las empresas y las familias consumidoras. El otro gran problema de la inflación cabalgante son los alimentos, que al lado de la energía son los que más pesan. La variación también supera 20% desde noviembre de 2021 sin que los ministerios de Agricultura y de Comercio hayan presentado un plan efectivo para lograr mejorar la producción de alimentos baratos.

La guerra en Europa sí ha afectado los precios de las siembras y las cosechas, vía fertilizantes más los altos costos de la importación de varios cereales. El problema es que al subsidio a fertilizantes no se le hace un buen seguimiento y mucho de ese dinero público lo destinan los productores a pagar cuentas o a comprar maquinarias u otras cosas y no a producir tal como lo ordena la ayuda con dinero público.

La supuesta reforma agraria se ha centrado en compra de tierras y no en la alimentación de los sectores más necesitados. Es el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien fue también ministro de Agricultura, quien debería tomar las riendas de una estrategia de choque para bajar la inflación a 4% o 5% este año, apalancado en su capacidad de gestión, credibilidad y seguimiento concreto a tasas de interés, precios de la energía y subsidios para los productores. Pero con un plan público de seguimiento a cada política en el corto plazo. Si la inflación sigue así de alta más pobres tendrá Colombia.

Fuente: La República