POR: Francisco Miranda Hamburger
Ayer, por medio de una circular, el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) suspendió las asignaciones adicionales para el programa ‘Mi Casa Ya’, que entrega subsidios de vivienda para hogares de menores ingresos. La decisión está motivada por las restricciones presupuestales que hoy aquejan a la Nación y por unas condiciones macroeconómicas como tasas e inflación a la baja que les permitirían a estos eventuales beneficiarios acceder a créditos hipotecarios.
Además, el presidente de la República, Gustavo Petro, señala directamente al hundimiento reciente de la ley de financiamiento como el responsable de la suspensión de estas ayudas gubernamentales. A pesar de las promesas del primer mandatario sobre que la actual crisis en las finanzas públicas no tocaría a los sectores más vulnerables ni a los programas que los benefician, éste no fue el caso de esta exitosa iniciativa de vivienda social.
Los cambios y los recortes al programa ‘Mi Casa Ya’ no comienzan con esta circular de Fonvivienda ni se limitan a la falta de recursos en caja de la Nación. Desde el inicio de la administración Petro, el Gobierno mostró su intención de modificar a ‘Mi Casa Ya’ y desplegar una política de vivienda centrada en otros objetivos. Lamentablemente, esos cambios descarrilaron el esquema de subsidios mientras que las otras líneas de política gubernamental no ganaron mayor tracción.
El resultado fue no solo miles de “casas en el aire” para ciudadanos de bajos ingresos y decenas de miles de desistimientos sino una contracción en la construcción de vivienda social. Junto a otros factores como las altas tasas y la disparada en los costos de construcción, el sector en general viene atravesando más de 24 meses de una crisis severa. Por cinco trimestres consecutivos el PIB de edificaciones viene cayendo (-1,7% en el tercer trimestre de este año) así como inversión en vivienda (-9,1%) y producción residencial (-2,5%).
El desmonte de ‘Mi Casa Ya’, uno de los programas sociales del Estado colombiano con mayor éxito, debería despertar el mayor rechazo, así el Gobierno quiera hacer señalamientos políticos. Este esquema de subsidios ha sido objeto de estrictas evaluaciones académicas que han coincido en su positivo impacto social en múltiples frentes como el acceso a la vivienda social, mejores ingresos, formalidad, pobreza, seguridad, inclusión financiera y educación.
Esos estudios reflejaron que el programa podría ajustarse en áreas como la focalización, pero recomendaron su continuidad. No obstante, ha sido esa continuidad, en especial la brindada por el aseguramiento de los recursos financieros requeridos para cumplir con sus metas, la que ha estado en riesgo durante lo corrido del gobierno Petro. De hecho, los 50 mil subsidios de ‘Mi Casa Ya’ que el sector constructor esperaba para 2025 cayeron a 20.500 ayudas, que el mismo número de hogares humildes esperan que se mantengan dentro de las cuentas presupuestales del Gobierno para el 2025.
El desmantelamiento en la práctica de este programa constituye mucho más que números. En primer lugar, la administración Petro refleja una preocupante incapacidad para continuar con una experiencia exitosa, así sea haciéndole ajustes. Segundo, las “casas en el aire” que deja esta triste decisión no solo suspenden los sueños de miles de colombianos de menores ingresos, sino que alimentan la desconfianza de éstos hacia el Estado. Tercero, el sector pierde un empujón valioso en momentos en que requiere reactivarse. Por último, se aleja de la meta del Plan de Desarrollo. En síntesis, una decisión equivocada.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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