La eliminación del programa afectaría a más de 40.000 familias y profundizaría la crisis en el sector de la construcción en Colombia, asegura Bustos, experto en insolvencia.
19 de diciembre de 2024
Experto Fernando Bustos sobre eliminación de los subsidios de ‘Mi Casa Ya’. | Foto: Suministrada / SEMANA
El gobierno del presidente Gustavo Petro decidió suspender el programa Mi Casa Ya, en medio de la crisis más grave de la historia del sector de la construcción en Colombia. Esta medida afectaría a más de 40.000 familias que esperaban el subsidio para acceder a vivienda propia, además de poner en riesgo a numerosas constructoras que ya enfrentaban dificultades económicas, de acuerdo con Fernando Bustos, experto en insolvencia. Con esta decisión, muchas de ellas ven un futuro incierto, mientras otras podrían quedar en quiebra.
El anuncio fue realizado el 18 de diciembre por el Ministerio de Vivienda a través de un comunicado en el que se informó que se suspenderían los subsidios que, en su modalidad de Vivienda de Interés Social (VIS), oscilaban entre 20 y 40 millones de pesos. Este subsidio había experimentado una modificación significativa con la llegada del gobierno de Gustavo Petro, cambiando las condiciones para acceder a él. Mientras que antes se requería cumplir con un umbral de ingresos, ahora el acceso dependía de la clasificación del beneficiario en el Sisbén, lo que había generado diversas reacciones en el sector.
La situación del sector de la construcción es alarmante, ya que en 2024 el número de constructoras en insolvencia creció cerca de un 20 %, superando las 540, de acuerdo con Bustos. La eliminación de los subsidios podría aumentar esta cifra y, con ello, las quiebras y la pérdida de empleos. Según Fernando Bustos, experto en procesos de insolvencia, la medida tendrá un impacto directo no solo en las familias, sino también en el tejido empresarial del país.
“Por un lado, pierden las familias, por puesto, pero se afectarán empleos y tejido empresarial. El impacto directo lo recibirá el sector de la construcción, que ya venía atravesando grandes dificultades. El país viene registrando cifras récord de constructoras en quiebra, y la mayor caída en la demanda de unidades de vivienda, que ha perdido casi 15 años de crecimiento. El sector construcción, intensivo en mano de obra, ya había perdido más de 50.000 empleos en lo corrido de este año, número que seguramente crecerá con la eliminación de los subsidios”, asegura el experto a SEMANA.
Fernando Bustos, director de Bustos y Cía. Consultores y experto en insolvencia y recuperación empresarial. | Foto: Cortesía
Además, muchos proyectos de vivienda en todo el país se encuentran paralizados debido a la creciente dificultad para cubrir los costos de materiales y salarios. Las constructoras habían pactado precios de venta en el inicio de sus proyectos, pero los aumentos en los costos han hecho inviable cumplir con esos precios y, por lo tanto, muchos proyectos se han detenido. Si no hay programas que reactiven la demanda, el riesgo de que estos proyectos se pierdan definitivamente es alto.
El experto señala que las constructoras, muchas de las cuales financiaron sus proyectos mediante créditos bancarios, enfrentarán mayores dificultades para vender sus viviendas debido a la reducción en la demanda, lo que prolongará los plazos de venta y aumentará los costos financieros. Esto generará mayores presiones económicas y podría llevar a más empresas a la insolvencia. Además, los compradores que ya habían pagado una parte de sus viviendas podrían desistir de sus compras, lo que generaría penalidades adicionales y empeoraría aún más la situación financiera de las constructoras.
“Las constructoras promueven sus proyectos y pactan precios de venta durante la preconstrucción, alrededor de tres años antes de terminar el proyecto. Los incrementos en los costos de los materiales, en los costos financieros y en los salarios han impedido que las unidades de vivienda se puedan construir y vender al precio inicialmente pactado; esta es la razón por la que cientos de proyectos, por todo el país, han quedado a medio construir. Aunque las constructoras han venido buscando alternativas, renegociando con bancos y financiadores, los proyectos siguen parados. Así se logren resolver las dificultades financieras, si no existen programas que dinamicen la demanda, las unidades de vivienda no se venderán, y los costos e intereses terminarán por consumir los proyectos nuevamente, causando la pérdida definitiva de proyectos ya adelantados”, agregó.
Sin embargo, Bustos destaca que aún existen alternativas viables para las constructoras. Los procesos de reorganización empresarial podrían ser una solución para muchas empresas que buscan reestructurarse y continuar con sus proyectos. Estas herramientas permiten renegociar deudas, evitar demandas y buscar soluciones viables para preservar la viabilidad de los negocios.
“Ninguna empresa viable debería perderse. Los procesos de reorganización empresarial son herramientas poderosas y efectivas con las que cuentan empresas de todos los tamaños para hacer frente a la crisis, renegociar sus obligaciones y reformular sus negocios para recuperar el equilibrio financiero”, sostiene.
El panorama es incierto para el sector de la construcción en Colombia, y la eliminación de los subsidios pone en riesgo tanto el acceso a vivienda de miles de familias como la estabilidad de decenas de empresas constructoras.
El experto sugiere que el tiempo es un factor clave y que las empresas deben actuar rápidamente para reducir los costos y maximizar sus posibilidades de recuperación.
“El tiempo es clave. El pronto inicio de las negociaciones reduce los costos y ofrece mayores posibilidades de recuperación para la empresa”, enfatiza.
La eliminación del programa afectaría a más de 40.000 familias y profundizaría la crisis en el sector de la construcción en Colombia, asegura Bustos, experto en insolvencia, a SEMANA. (Imagen de referencia). | Foto: GUILLERMO TORRES REINA
